En el caso de Úrsula coinciden la violencia de género y la institucional.

El femicidio como la punta visible de un iceberg de violencia patriarcal, que ella intentó hacer visible en su totalidad, tras meses de golpes y amenazas. Deja de ser un iceberg y pasa a ser algo evidente cuando ella lo habla con sus seres cercanos, y lo denuncia penalmente y en redes.

Un Estado ausente e intencionalmente ciego, que desoyó 18 denuncias, encubrió a un violento que terminaría siendo un femicida (y en ningún momento puso en duda su poder y su portación de arma), y reprimió a sus familiares y amigues que pedían justicia, disparando a la cara.

Mientras tanto, muchos medios eligen alimentar la impunidad, mostrando la cara de la víctima, pero ocultando la cara del femicida. No es justamente lo que sucedió con Nahir Galarza. Hay que nombrarlo con nombre y apellido: el femicida es Matías Martínez, y es policía de la bonaerense.

¿Qué se hace cuando la persona que recibe una denuncia de violencia de género es justamente quién la ejerce?

¿Cómo fomentamos que una persona denuncie violencia, si el Estado se tapa los ojos y protege a los violentos?

¿Hasta cuándo el Estado seguirá entregando armas a personas con problemáticas psiquiátricas y denuncias en su contra?

Es una cuestión pública hacer algo al respecto, y una responsabilidad política erradicarlo.

Es una cuestión social entender que puede estar pasando muy cerca nuestro, y hablarlo.

Úrsula no vuelve.
Algo podemos hacer por las que están en peligro.